PIUE-008 · 5 de noviembre de 2026

Resumen ejecutivo

Red Eléctrica contabiliza 18,52 GW de acceso otorgado a demanda en la red de transporte, de los que 11,05 GW aún no están en servicio. Las cifras no demuestran una saturación general, pero obligan a examinar dónde y cuándo pueden conectarse nuevas inversiones. Para España, la prioridad es coordinar infraestructuras, asignación de capacidad y mecanismos flexibles sin cargar al sistema el coste de redes que la demanda futura no justifique.

1. Contexto

La disponibilidad de electricidad se ha convertido en un elemento central de la política industrial europea. La discusión suele concentrarse en el coste de la energía, la generación renovable y la descarbonización. Sin embargo, existe una condición anterior: que una nueva instalación industrial pueda conectarse a la red con la potencia que necesita y dentro de un plazo compatible con su inversión.

El 1 de octubre de 2026, Red Eléctrica publicó información desagregada sobre la capacidad de acceso concedida a instalaciones de demanda en la red de transporte española. El total asciende a 18,52 GW, de los cuales 11,05 GW corresponden a instalaciones que todavía no han entrado en servicio.

La diferencia es considerable, aunque su interpretación requiere prudencia. La existencia de un permiso no significa que la instalación esté construida, financiada o preparada para consumir electricidad. Tampoco acredita que el proyecto haya sufrido un retraso imputable a la red.

La publicación incorpora además información territorial. Tras actualizar sus escenarios, Red Eléctrica identifica capacidad disponible para nuevas solicitudes en más del 35% de los nudos de transporte. En 204 nudos aumenta la capacidad firme, en 658 permanece estable y en 75 disminuye.

Por tanto, el problema no puede describirse como una falta generalizada de capacidad. La cuestión es dónde existe, en qué condiciones puede utilizarse y si coincide con las necesidades de los proyectos industriales.

La Comisión Europea reconoce esta dificultad en su Plan de Acción para la Electrificación, presentado en julio de 2026, al identificar los costes energéticos y las restricciones de conexión entre los obstáculos que frenan la electrificación. En España, la CNMC aprobó ese mismo verano nuevas modalidades de acceso flexible, cuya implantación será gradual y estará sujeta a condiciones técnicas específicas.

2. Análisis

Una empresa puede encontrar condiciones atractivas para invertir en España por disponibilidad de suelo, costes laborales, proximidad a proveedores o acceso a mercados. Pero si necesita una conexión eléctrica importante, debe incorporar otra variable a la decisión: la potencia que podrá contratar, cuándo estará disponible y con qué garantías de continuidad.

Esta distinción entre energía y capacidad de acceso tiene consecuencias económicas. España puede disponer de generación suficiente en términos agregados y, al mismo tiempo, presentar restricciones en determinados emplazamientos. La electricidad no llega a una fábrica por el mero hecho de producirse dentro del mismo sistema eléctrico. Necesita infraestructuras capaces de transportarla y distribuirla hasta el punto de consumo.

Una conexión tardía puede alterar la rentabilidad de una inversión incluso cuando el precio de la electricidad sea competitivo. Retrasar la puesta en marcha significa posponer ingresos, prolongar la financiación de activos todavía improductivos y, posiblemente, mantener costes asociados al proyecto. Si la incertidumbre es elevada, el inversor puede considerar otra localización.

El efecto dependerá del tipo de actividad. Una industria de proceso continuo puede necesitar una capacidad prácticamente garantizada. Otras instalaciones admiten cierto desplazamiento horario del consumo. Esta diferencia condiciona las soluciones técnicas posibles y su coste.

Los datos publicados por Red Eléctrica permiten examinar otro aspecto. Los centros de datos concentran 6.329 MW de capacidad concedida en transporte, un 34,2% del total, sin potencia todavía puesta en servicio dentro de esa categoría. Los suministros industriales acumulan 5.838 MW, de los cuales 4.346 MW están en funcionamiento.

Las magnitudes muestran la diversidad de actividades que demandan acceso, pero no permiten concluir que los centros de datos estén desplazando inversiones industriales. Para demostrar esa relación sería necesario conocer las solicitudes concurrentes en cada nudo, las razones de denegación y la situación real de los proyectos afectados.

Lo que sí plantean es un problema de asignación de recursos escasos. Cuando una empresa obtiene capacidad y tarda años en utilizarla, esa reserva puede impedir temporalmente que otros proyectos accedan al mismo punto. Pero tampoco sería razonable retirar permisos automáticamente por la duración de una inversión industrial compleja. Una nueva fábrica puede necesitar años de ingeniería, financiación, autorizaciones y construcción.

La cuestión consiste en distinguir proyectos maduros de solicitudes especulativas sin penalizar inversiones legítimas cuyos plazos de ejecución sean largos. El Council of European Energy Regulators ha identificado entre las posibles respuestas la evaluación de madurez, las garantías y los mecanismos para evitar la retención improductiva de capacidad.

La otra respuesta es ampliar las infraestructuras. Una planificación anticipatoria puede resultar eficiente cuando permite evitar retrasos que afectarían a varios proyectos industriales. Sin embargo, tampoco carece de riesgo. Construir redes para una demanda que finalmente no aparece deja activos infrautilizados cuyo coste puede terminar trasladándose al conjunto de consumidores a través de los mecanismos regulados de remuneración.

La evaluación económica no debería limitarse al importe de la inversión en la red. Debe considerar también el coste de oportunidad de las actividades productivas que podrían verse retrasadas, la probabilidad de que las nuevas demandas lleguen a materializarse y el margen para utilizar mejor las instalaciones existentes.

En este último ámbito aparecen los permisos de acceso flexible. Permiten conceder capacidad bajo determinadas restricciones cuando no existe capacidad firme suficiente. Su utilidad depende de que el consumidor pueda adaptar su funcionamiento a las limitaciones previstas.

Para una instalación capaz de desplazar parte de su consumo, esta modalidad puede evitar inversiones adicionales o acelerar una conexión. En cambio, para una fábrica cuya producción no puede interrumpirse, el coste de una eventual reducción de potencia puede superar ampliamente el beneficio de acceder antes a la red.

La regulación española contempla diferentes modalidades y un calendario de implantación escalonado. La aprobación de los permisos flexibles no significa que sean ya una solución universal ni que todas las industrias puedan utilizarlos en condiciones económicamente aceptables.

La Agencia Internacional de la Energía defiende combinar nuevas infraestructuras con tecnologías que permitan aprovechar mejor las redes existentes y con contratos de conexión adaptados a la flexibilidad real de los usuarios. El argumento económico es razonable: antes de construir capacidad adicional debe conocerse cuánto puede obtenerse de una gestión más eficiente de la disponible.

3. Implicaciones de política pública

Para España, la primera necesidad es mejorar la información sobre la capacidad de conexión que realmente pueden utilizar los proyectos industriales. La publicación de Red Eléctrica supone un avance, pero describe únicamente la red de transporte. Muchas actividades dependen de redes de distribución, cuya situación también debe considerarse para obtener una visión completa.

La información relevante para decidir una inversión no es solo la potencia disponible en un mapa. Incluye las condiciones técnicas, los refuerzos necesarios, los plazos previsibles y el grado de certeza de la conexión. Una mayor transparencia puede reducir la incertidumbre de localización sin necesidad de incrementar inmediatamente la inversión pública o regulada.

También conviene perfeccionar los mecanismos de asignación. Las garantías y los hitos de ejecución pueden reducir la retención de capacidad por proyectos que no avanzan, siempre que se adapten a los plazos propios de cada actividad y respeten criterios objetivos y no discriminatorios. La finalidad debe ser favorecer que los permisos se conviertan en instalaciones operativas, no seleccionar administrativamente unos sectores frente a otros sin una justificación económica suficiente.

La planificación de nuevas redes exige, a su vez, una evaluación coordinada de la demanda industrial y de la infraestructura necesaria. Anticipar determinadas inversiones puede estar justificado cuando el retraso afectaría a actividades productivas relevantes o a varios usuarios. Pero la anticipación necesita mecanismos para contrastar la madurez de los proyectos y distribuir razonablemente el riesgo de que la demanda prevista no llegue a materializarse.

Por último, el acceso flexible debería desarrollarse como una opción real allí donde resulte técnicamente viable. Para ello no basta con aprobar modalidades regulatorias. Los operadores necesitan herramientas de control y los consumidores deben conocer las restricciones que asumirán. La decisión empresarial dependerá de comparar el ahorro o la anticipación de la conexión con el coste de adaptar su funcionamiento.

La competitividad industrial no depende únicamente de producir electricidad suficiente y a buen precio. Depende también de poder entregarla, con la calidad y continuidad necesarias, en el lugar y momento en que una inversión la requiere.

España tiene ante sí un problema de coordinación entre planificación eléctrica, regulación e inversión empresarial. Resolverlo exige ampliar las redes donde sea necesario, aprovechar mejor su capacidad y procurar que los permisos concedidos se traduzcan en actividad productiva. La medida del éxito no debería ser cuánta potencia se reserva, sino cuánta inversión viable consigue finalmente ponerse en funcionamiento.

4. Fuentes

Red Eléctrica, «Red Eléctrica publica el mapa de capacidades de acceso de la demanda por tipo de consumo», 1 de octubre de 2026.
URL: https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2026/10/red-electrica-publica-el-mapa-de-capacidades-de-demanda-tipo-consumo

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, «Resolución de 31 de julio de 2026 por la que se establecen los permisos de acceso flexibles de la demanda de energía eléctrica a la red de transporte y a las redes de distribución», BOE-A-2026-17571, 11 de agosto de 2026.
URL: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-17571

Comisión Europea, «Plan de Acción para la Electrificación», Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2026) 595 final, 17 de julio de 2026.
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52026DC0595

Council of European Energy Regulators, «CEER Paper on Grid Connection Challenges», 24 de junio de 2026.
URL: https://www.ceer.eu/publication/ceer-paper-on-grid-connection-challenges/

Agencia Internacional de la Energía, Electricity 2026, capítulo «Grids», febrero de 2026.
URL: https://www.iea.org/reports/electricity-2026/grids